PRENSA SIBCI.-Un grupo de trabajadores de la salud entregó a la titular del Ministerio del ·Poder Popular para la Salud, Isabel Iturria, un documento en el cual respaldan las decisiones que en materia de registro, control y vigilancia de clínicas privadas ha tomado el Estado venezolano.
Así lo declaró este miércoles la ministra Iturria, quien precisó: “No es una protesta, al contrario, se trata de la transformación de la conciencia de las trabajadoras y los trabajadores, que entienden que este tipo de medidas es para protegerlos a ellos y a ellas”.
Hace poco más de una semana, el sector gubernamental encabezado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y la ministra Iturria además de otros directivos, sostuvo un encuentro con representantes de las clínicas privadas, donde se acordó: incrementar 20% el baremo de la Alianza Interinstitucional de Salud, garantizar la prestación del servicio por parte de las clínicas a los funcionarios públicos que gozan de pólizas HCM y convenios de seguros autoadministrados, y crear un registro de centros de salud privados por parte de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sudecop).
“Pero pese a este compromiso, lo que ocurrió en los días sucesivos fue que otras clínicas se sumaron a la restricción de ingreso de trabajadoras y trabajadores provenientes del sector público”, expresó la ministra, ante lo cual exigen que el baremo establecido en Gaceta Oficial sea cumplido, así como el registro.
“La legislación no es optativa, nosotros estamos en un estado de justicia y de derecho. Aquí se hace lo que establece la legislación venezolana. No podemos aceptar que se restrinja el acceso de las personas a un servicio contratado. Más allá de eso, las conversaciones están abiertas pero no bajo chantaje· ni bajo engaño”, sentenció.
La rectora del MPPS advirtió que existe un monitoreo permanente de lo que sucede, puesto que son las empresas y entes estatales los principales pagadores de las clínicas privadas. Sin embargo, señaló el retraso de hasta 60 días para la consignación de las facturas y documentación, una vez que se produce el alta del paciente. Para Iturria cinco días sería tiempo suficiente, “ustedes también tienen que trabajar para incrementar su eficiencia”.
“Pongámonos en sintonía, respetando que aquí hay un Estado, que hay derechos de las personas. Respetando además que estamos hablando de la salud y la vida”, culminó la ministra de Salud, Isabel Iturria.
